La investigación por la presunta violencia institucional en la Comisaría 6ª suma nuevos imputados y entra en una etapa decisiva.
La causa judicial que investiga las graves agresiones sufridas por Cristian Morales dentro de la Comisaría 6ª de Rawson volvió a registrar un avance importante. La Justicia autorizó extender los plazos de la investigación y, al mismo tiempo, incorporó a dos nuevos efectivos policiales entre los imputados, ampliando así el alcance de un expediente que desde hace meses mantiene bajo la lupa el accionar de integrantes de la fuerza provincial.
El proceso ya no se limita únicamente a determinar quién ejecutó la agresión física. La Fiscalía busca reconstruir cada momento previo y posterior a la detención para establecer las responsabilidades individuales de todos los policías que estuvieron presentes durante el procedimiento.
La investigación amplía el foco sobre el operativo policial
Durante la audiencia realizada esta semana, el fiscal Iván Grassi solicitó una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pedido que fue aceptado por el juez de Garantías Pablo León. La medida permitirá continuar incorporando pruebas consideradas fundamentales antes de definir el rumbo definitivo de la causa.
En ese contexto fueron imputados los oficiales Alan Nieva y Martina Rocío Peralta. Según la hipótesis fiscal, ambos habrían permanecido presentes desde el momento de la detención de Morales hasta los hechos ocurridos dentro de la dependencia policial, por lo que ahora deberán responder ante la Justicia por su presunta participación.
Con estas incorporaciones, el expediente reúne actualmente a cinco policías imputados. La acusación continúa señalando a Gabriel Adrián Mariño como presunto autor material de las agresiones, mientras que Cristian Gabriel Aciar y Alejandro Emiliano González siguen vinculados como partícipes del hecho.
Una causa que conmocionó a San Juan
El caso tuvo su origen durante la madrugada del 1 de julio de 2025, cuando Cristian Morales fue detenido en circunstancias que hoy son objeto de investigación. Para la Fiscalía, el procedimiento habría sido irregular desde su inicio y la documentación confeccionada por los uniformados no reflejaría lo que realmente ocurrió aquella noche.
La acusación sostiene que la víctima fue sometida a una violenta golpiza dentro de la comisaría, episodio que derivó en lesiones de extrema gravedad. Entre ellas figuran fractura de cráneo, derrame cerebral, fracturas faciales y una hemorragia interna, cuadro que obligó a una intervención neuroquirúrgica de urgencia para preservar su vida.
Uno de los elementos que fortaleció la investigación fue la declaración de otro detenido que aseguró haber presenciado parte de los hechos. A ello se suma un video conocido durante la instrucción que también forma parte del material probatorio analizado por los investigadores.
Las pericias médicas serán determinantes
La nueva etapa de la investigación estará centrada en la incorporación de estudios médicos complementarios que permitirán conocer con mayor precisión las secuelas sufridas por Morales. Esos informes podrían modificar el encuadre legal de la causa e incluso dar lugar a nuevas imputaciones si la evidencia confirma un nivel mayor de responsabilidad penal.
Más allá de las definiciones judiciales que restan, el expediente volvió a instalar el debate sobre la violencia institucional, el control de los procedimientos policiales y la obligación del Estado de garantizar la integridad física de cualquier persona bajo custodia. Mientras continúan las medidas de prueba, la expectativa ahora se concentra en las conclusiones periciales, consideradas una pieza clave para el futuro del proceso.
