La investigación por el Acueducto Gran Tulum suma otra demora: cuestionan la postergación de la audiencia clave
La investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en torno a la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar envuelta en una situación que genera interrogantes y malestar. La audiencia prevista para definir una prórroga de 90 días en el expediente no avanzó como estaba previsto y terminó en un cuarto intermedio dispuesto por la Justicia, prolongando aún más los tiempos de una causa que despierta un fuerte interés público.
La decisión fue tomada por la jueza Mónica Lucero, quien resolvió postergar el tratamiento del pedido para garantizar la notificación formal al abogado que representa a ex autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), una medida que no fue compartida por la Fiscalía.
Una audiencia que duró apenas unos minutos y dejó más dudas que respuestas
El encuentro judicial tuvo una duración mínima, pero alcanzó para evidenciar diferencias de criterio entre las partes. Mientras la magistrada consideró necesario informar previamente a la defensa de ex funcionarios que podrían verse involucrados en el futuro, el fiscal Sebastián Gómez sostuvo que la normativa vigente contempla este tipo de audiencia únicamente con la participación del Ministerio Público Fiscal.
La postura del representante fiscal se apoyó en que, hasta el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y todavía no existen imputados formalmente ni un hecho ilícito determinado que permita individualizar responsabilidades.
La demora vuelve a poner el foco sobre los tiempos de la Justicia
Más allá de los aspectos técnicos y procesales, la suspensión reavivó el debate sobre la lentitud con la que avanzan investigaciones de alto impacto institucional. Cada aplazamiento genera expectativas incumplidas y alimenta la percepción social de que las definiciones importantes tardan demasiado en llegar.
Si bien el fiscal aclaró que el pedido de extensión fue presentado dentro de los plazos legales y que la investigación no corre riesgo de caducar, la necesidad de fijar una nueva audiencia implica, en los hechos, seguir postergando una resolución esperada.
Qué busca la Fiscalía con la prórroga de 90 días
El objetivo principal del Ministerio Público es disponer de tiempo adicional para continuar reuniendo pruebas relacionadas con la calidad de los materiales utilizados en la obra y otros aspectos técnicos que todavía requieren análisis especializados.
Incluso, desde la Fiscalía no descartan que, a medida que avance el expediente, puedan incorporarse nuevos profesionales o peritos para profundizar la investigación si la complejidad del caso así lo exige.
Un expediente que mantiene el interés público
La causa vinculada al Acueducto Gran Tulum involucra una obra de enorme relevancia para la provincia y, precisamente por ello, la sociedad espera respuestas claras sobre su ejecución y eventuales responsabilidades.
La transparencia y la celeridad judicial son factores fundamentales para fortalecer la confianza pública. Cada demora procesal puede estar respaldada por fundamentos legales, pero también incrementa la expectativa ciudadana de que las investigaciones avancen con eficiencia y permitan conocer la verdad en un plazo razonable.
Por ahora, el expediente deberá esperar una nueva convocatoria judicial para definir si la Fiscalía obtiene los 90 días adicionales que considera necesarios para continuar con una investigación que todavía permanece abierta y sin imputaciones formales.
