Así comenzó el escándalo por las armas faltantes en la Policía de San Juan: el informe de Salta que desató una investigación sin precedentes.
Una notificación enviada desde la Justicia Federal de Salta fue suficiente para poner en marcha una investigación que hoy mantiene bajo la lupa a la Policía de San Juan. Lo que en un principio parecía una simple consulta sobre el origen de una pistola secuestrada durante un procedimiento por narcotráfico terminó revelando una serie de irregularidades que derivaron en una auditoría interna, el traslado de siete efectivos y la revisión completa del sistema de control del armamento oficial.
El caso no solo generó preocupación dentro de la fuerza, sino también entre la sociedad, ya que el interrogante central continúa sin respuesta: ¿cómo llegó un arma perteneciente al Estado a una causa vinculada al narcotráfico?
El documento que encendió todas las alarmas
El punto de partida fue un informe remitido desde Salta luego de un operativo realizado en el marco de una investigación por narcotráfico. Durante ese procedimiento, las fuerzas federales secuestraron varias pistolas calibre 9 milímetros y, al cotejar una de ellas con los registros oficiales, comprobaron que estaba registrada a nombre de la Policía de San Juan.
Ese dato fue comunicado a las autoridades sanjuaninas, que inmediatamente ordenaron una revisión integral del armamento entregado a los efectivos. La decisión marcó el inicio de una de las investigaciones administrativas más importantes de los últimos años dentro de la institución.
Una auditoría que dejó más preguntas que respuestas
Con el avance del relevamiento, comenzaron a aparecer inconsistencias en los registros. Según la investigación, cerca de 150 pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, pertenecientes a un lote de 500 armas adquiridas por el Gobierno de San Juan en 2022, no figuraban correctamente registradas en los sistemas de control.
Las irregularidades no significan, por el momento, que todas esas armas hayan desaparecido. Los investigadores intentan determinar si se trata de un grave desorden administrativo acumulado durante años o si parte del armamento fue sustraído y desviado hacia el mercado ilegal.
Los cambios ordenados por la Jefatura de Policía
Mientras avanza la auditoría, el jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez, resolvió trasladar preventivamente a todo el personal que prestaba funciones en la División Armamento. La medida alcanzó a Mauricio Javier Ríos, Laura Verónica Aballay, Javier Darío Lucero, Martín Hernán Villalobos, Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada.
Las autoridades aclararon que ninguno de ellos fue detenido ni imputado. Se trata únicamente de una reorganización interna para garantizar la transparencia de la investigación mientras se revisa la trazabilidad de cada arma reglamentaria.
Además, la conducción de la División Armamento quedó a cargo del subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, quien tendrá la responsabilidad de normalizar los registros y fortalecer los mecanismos de control.
Un caso que podría marcar un antes y un después
Más allá del resultado final de la auditoría, el episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de contar con sistemas modernos y permanentes de control sobre el armamento estatal. Expertos en seguridad sostienen que la trazabilidad de cada arma es fundamental para evitar pérdidas, robos o posibles desvíos hacia organizaciones criminales.
Por ahora, la investigación continúa y las autoridades buscan establecer cuántas armas presentan inconsistencias, cuándo se produjeron esas irregularidades y si existe responsabilidad administrativa o penal. Lo que comenzó con una simple comunicación judicial enviada desde otra provincia terminó convirtiéndose en un caso que podría tener profundas consecuencias para la Policía de San Juan.
