IPV: San Juan busca excluir a personas con antecedentes y reabre el debate por la transparencia en la adjudicación
El acceso a la vivienda vuelve a estar en el centro de la agenda pública en San Juan. Un nuevo proyecto impulsado por el Gobierno provincial propone un cambio clave: impedir que personas con antecedentes penales accedan a viviendas o créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa, que será enviada a la Legislatura en los próximos días, no solo apunta a modificar criterios de adjudicación, sino que también reactiva un debate más amplio sobre la equidad y la transparencia en el sistema.
Un nuevo filtro en el acceso a la vivienda
La propuesta oficial busca incorporar un requisito hasta ahora inexistente: que los postulantes no registren antecedentes penales, especialmente en casos vinculados a violencia de género o delitos contra la integridad sexual. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde a reclamos vecinales y a la necesidad de fortalecer la convivencia dentro de los barrios construidos por el Estado.
En ese contexto, el argumento central es claro: priorizar a quienes cumplen con la ley y evitar situaciones conflictivas en complejos habitacionales. Se trata de una decisión que, en términos generales, encuentra respaldo social, aunque no está exenta de cuestionamientos.
Más allá de los antecedentes: un reclamo histórico
Si bien la exclusión de personas con antecedentes aparece como una medida lógica para muchos sectores, lo cierto es que el debate no se agota ahí. Desde hace años, distintos sectores de la sociedad sanjuanina vienen señalando irregularidades en los procesos de adjudicación.
Entre las críticas más frecuentes, aparece la percepción de que existen beneficios para personas con vínculos políticos, familiares de dirigentes o incluso individuos que ya cuentan con terrenos propios. Estas situaciones, aunque difíciles de comprobar en muchos casos, alimentan la desconfianza y generan malestar entre quienes esperan durante años acceder a una vivienda.
El punto más sensible es el de los sorteos del IPV, que suelen ser cuestionados por su falta de claridad. Cuando una persona con presunta cercanía al poder resulta beneficiada, la sospecha se instala rápidamente, afectando la credibilidad del sistema.
Regularización y deudas pendientes
En paralelo a esta reforma, el Gobierno también avanza en la regularización de más de 10.000 viviendas que aún no cuentan con escritura en la provincia. Se trata de una problemática histórica que involucra barrios construidos hace décadas y que, por cuestiones administrativas o legales, nunca completaron su proceso dominial.
Hasta el momento, se logró avanzar en poco más de 2.000 casos, aunque el desafío sigue siendo enorme. La falta de documentación, la desaparición de entidades intervinientes y las trabas burocráticas son algunos de los obstáculos que dificultan la solución definitiva.
El desafío de construir confianza
La iniciativa oficial abre una oportunidad para mejorar el sistema, pero también plantea un desafío mayor: recuperar la confianza de la ciudadanía. Para lograrlo, no alcanza con sumar requisitos, sino que resulta indispensable garantizar procesos más transparentes, auditables y equitativos.
El acceso a la vivienda no solo implica una política pública, sino también un compromiso con la justicia social. En ese sentido, cualquier reforma debería apuntar a un principio básico: que las oportunidades lleguen a quienes realmente las necesitan, sin privilegios ni discrecionalidades.
