Indignación en San Juan: empleados judiciales acusados de robar usando una camioneta oficial “recuperada del delito”
El escándalo golpeó de lleno al corazón del sistema judicial sanjuanino. Dos empleados fueron detenidos y un tercero permanece prófugo tras ser acusados de robar equipos de aire acondicionado desde un depósito oficial del Poder Judicial. Pero lo que terminó desatando bronca e incredulidad fue otro detalle: utilizaron una camioneta institucional identificada con la frase “Vehículo recuperado del delito”.
La escena parece sacada de una sátira sobre corrupción estatal, pero ocurrió en pleno centro de San Juan, dentro de un edificio judicial y protagonizada por personas que trabajaban precisamente dentro de la estructura encargada de custodiar bienes públicos.
El robo ocurrió dentro del propio Poder Judicial
La investigación señala que el hecho ocurrió en el edificio ubicado sobre calle General Acha, entre San Luis y 25 de Mayo, donde funcionan áreas claves como Patrimonio y Servicios Generales.
Allí se almacenan materiales, herramientas y equipos pertenecientes a distintas dependencias judiciales. Según fuentes vinculadas a la causa, durante la madrugada los sospechosos cargaron cuatro equipos de aire acondicionado que estaban guardados para reparación o futura reutilización.
Lo más alarmante no fue solamente el robo, sino la facilidad con la que habrían actuado. No hubo violentos ingresos, ni puertas forzadas, ni delincuentes externos. Los acusados conocían perfectamente los movimientos internos, los horarios y hasta el funcionamiento de los controles.
El delito, esta vez, no vino de afuera: estaba adentro.
La camioneta oficial y una imagen que desató bronca
La camioneta utilizada para trasladar los equipos era una Toyota Hilux oficial del Poder Judicial. En sus laterales llevaba ploteada la frase: “Vehículo recuperado del delito”.
La contradicción provocó una ola de indignación tanto dentro como fuera de Tribunales. En redes sociales, cientos de usuarios cuestionaron cómo empleados estatales podían utilizar recursos públicos para cometer delitos mientras la inseguridad y la desconfianza institucional siguen creciendo.
Para muchos trabajadores judiciales, el caso representa uno de los golpes de imagen más fuertes de los últimos años. No solamente por el robo, sino porque deja expuesta una preocupante falta de controles internos.
Detenidos, confesiones y un prófugo
Los detenidos fueron identificados como Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz. Ambos quedaron vinculados formalmente a la causa tras el análisis de cámaras de seguridad y distintos procedimientos realizados durante la mañana.
Uno de los acusados incluso terminó señalando a un tercer implicado: Jorge Fernando Cataldo, quien actualmente continúa prófugo y es intensamente buscado.
Los investigadores lograron recuperar los equipos de aire acondicionado en uno de los domicilios allanados, mientras la causa avanza bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales.
Más que un robo: una crisis de confianza
Más allá del valor económico de los equipos sustraídos, el impacto social del caso parece mucho más profundo. La indignación crece porque los acusados eran empleados públicos que debían cuidar recursos del Estado y terminaron siendo investigados por utilizarlos en beneficio propio.
El episodio vuelve a abrir una discusión incómoda en San Juan: la sensación de que muchas veces los controles fallan precisamente dentro de organismos que deberían dar el ejemplo.
Mientras la Justicia intenta esclarecer responsabilidades, el daño institucional ya está hecho. Y la pregunta que hoy muchos sanjuaninos se hacen es inevitable: si quienes deben proteger los bienes públicos terminan acusados de robarlos, ¿quién controla realmente al sistema?
