Nueva audiencia judicial reaviva el conflicto político en San Juan
La situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, volvió a ocupar el centro de la escena política en San Juan luego de una audiencia realizada este miércoles en Tribunales. En el encuentro, la fiscalía solicitó formalmente la imputación del jefe comunal y de tres concejales por la controvertida ordenanza que buscaba frenar el juicio en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
El caso generó un fuerte impacto en el ámbito institucional, ya que la normativa aprobada por el Concejo Deliberante podría haber sido utilizada como una herramienta para interferir en un proceso judicial en curso. Por esta razón, el fiscal del caso solicitó abrir una investigación penal preparatoria que podría extenderse por seis meses.
Una ordenanza que desató un escándalo político
El origen del conflicto está en un proyecto impulsado por el propio Castro antes de enfrentar el juicio oral. La iniciativa proponía una conciliación institucional mediante la cual el intendente se comprometía a donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño.
La propuesta fue tratada en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y aprobada por mayoría simple gracias al respaldo de los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.
Sin embargo, para la fiscalía, la aprobación de esta ordenanza podría constituir una maniobra irregular dentro de la administración pública, ya que los delitos vinculados a la corrupción política y a la gestión del Estado no suelen admitir acuerdos de este tipo.
Fuerte cruce entre la fiscalía y la defensa
Durante la audiencia se produjo un intenso contrapunto entre el fiscal del caso, Francisco Nicolía, y los abogados defensores del intendente y los concejales involucrados.
Nicolía calificó la situación como un hecho de “gravedad institucional” y explicó que, aunque gran parte de la prueba es documental, será necesario recolectar testimonios para determinar si existió una maniobra destinada a interferir en el proceso judicial.
Por su parte, el abogado defensor de Castro cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el acuerdo impulsado por el Concejo Deliberante debía ser tratado en el ámbito administrativo y no en la justicia penal.
La decisión del juez quedó en suspenso
Tras escuchar a ambas partes, el juez Gerardo Fernández Caussi resolvió dictar un cuarto intermedio de tres días hábiles antes de emitir una resolución definitiva sobre el pedido de imputación.
De esta manera, la formalización de la investigación contra el intendente y los concejales quedó momentáneamente en suspenso.
En caso de avanzar la causa, Castro podría ser investigado por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que los concejales enfrentan acusaciones por abuso de autoridad y presunto encubrimiento.
El juicio que originó toda la controversia
El expediente principal contra el intendente de Angaco se remonta a una denuncia presentada en 2019. En esa causa se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un terreno privado ubicado en el departamento Chimbas.
Este hecho derivó en la acusación por presunta malversación de caudales públicos, un delito que involucra el uso indebido de recursos del Estado.
El juicio oral estaba previsto para febrero de 2026, pero fue suspendido hasta que la Justicia determine si la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.
Mientras tanto, el caso sigue sumando capítulos y se perfila como uno de los escándalos políticos más resonantes en San Juan en los últimos años.
