Un nuevo episodio sacude a la fuerza de seguridad provincial y vuelve a poner el foco en los mecanismos de control interno. Un efectivo de la Policía de San Juan quedó bajo investigación judicial tras la desaparición de una amoladora que había sido secuestrada y trasladada a la Comisaría 17ª para su resguardo.
La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, que ya inició una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió un delito o una grave irregularidad administrativa.
Cómo comenzó la investigación interna
Según fuentes judiciales, todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico halló una amoladora durante una recorrida preventiva en un departamento del Gran San Juan. Ante la imposibilidad de identificar a su dueño en el lugar y bajo la sospecha de que podría tratarse de un elemento sustraído, los uniformados decidieron trasladarla a la dependencia policial correspondiente para su resguardo.
Como indica el protocolo, el objeto debía quedar asentado en un acta formal, documento que certifica el ingreso del elemento a la dependencia y deja constancia de quién lo recibe y en qué condiciones.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación preliminar, ese paso clave no se habría cumplido.
El punto clave: la falta de acta y la desaparición del objeto
La herramienta habría sido entregada a un efectivo que figuraba como receptor del elemento. No obstante, siempre según la hipótesis que analiza la Justicia, el uniformado no habría confeccionado el acta correspondiente.
Con el correr de los días, la amoladora dejó de estar en la dependencia y nadie pudo precisar su paradero.
El detalle que encendió las alarmas fue que en los registros internos figuraba el nombre del efectivo investigado como responsable de recibir el elemento. Al solicitarle explicaciones, el uniformado habría señalado que la tarea administrativa había sido delegada en otro compañero.
Ese cruce de responsabilidades abrió un escenario complejo que ahora deberá ser dilucidado por la Justicia.
Qué delitos podrían imputarle al policía
Desde la UFI Delitos Especiales indicaron que la causa se encuentra en etapa investigativa y que en los próximos días podría concretarse la audiencia de formalización.
La calificación provisoria contempla al menos dos figuras penales:
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
- Hurto
La primera se configura cuando un funcionario no cumple con las obligaciones inherentes a su cargo, mientras que la segunda podría aplicarse si se comprobara que el efectivo se apropió del objeto.
No obstante, la acusación final dependerá de las pruebas que se logren reunir en las próximas semanas.
Impacto institucional y controles internos
Más allá de la eventual responsabilidad penal, el caso expone una situación sensible para la fuerza provincial. La cadena de custodia de elementos secuestrados es un procedimiento fundamental dentro del sistema de seguridad y Justicia.
Cada objeto que ingresa a una dependencia policial debe quedar correctamente registrado, ya que puede convertirse en prueba clave dentro de una causa judicial o ser restituido a su propietario legítimo.
La desaparición de un elemento bajo custodia oficial no solo genera un posible delito, sino que también afecta la confianza pública en los mecanismos de control institucional.
Lo que se viene en la causa
En las últimas horas, los investigadores realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas toma de declaraciones, revisión de registros internos y análisis de cámaras de seguridad.
La audiencia de formalización será un paso determinante, ya que allí se le informará oficialmente al efectivo cuál es el hecho que se le atribuye y bajo qué encuadre legal.
Mientras tanto, la causa continúa bajo estricto análisis judicial y no se descartan nuevas medidas.
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