Misterio en Rivadavia: una amoladora desaparecida en una comisaría y un policía imputado ponen en foco los controles internos
Un hecho que podría parecer menor —la desaparición de una herramienta— terminó convirtiéndose en un caso que expone fallas sensibles dentro del sistema policial. En Rivadavia, San Juan, la pérdida de una amoladora secuestrada dentro de una dependencia policial derivó en la imputación de un oficial y abrió interrogantes sobre los protocolos de custodia de elementos incautados.
Una desaparición que nunca tuvo explicación clara
El episodio se remonta a casi dos meses atrás, cuando personal del Comando Radioeléctrico secuestró una amoladora que presumiblemente había sido robada. Como establece el procedimiento, el objeto fue trasladado a la Comisaría 38ª para intentar identificar a su propietario.
Sin embargo, lo que debía ser un trámite administrativo rutinario terminó en un hecho inexplicable: la herramienta desapareció sin dejar rastros. Desde entonces, ni los registros internos ni las actuaciones posteriores lograron esclarecer qué ocurrió dentro de la dependencia.
La situación escaló rápidamente cuando la propia institución policial denunció el faltante. Esto derivó en un allanamiento y en la intervención de la UFI Delitos Especiales, aunque el elemento nunca fue recuperado.
Imputación y avance judicial
Este lunes 13 de abril, la causa dio un paso clave. El juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, resolvió imputar al oficial Lucas Andan por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Si bien el efectivo no fue detenido, deberá someterse al proceso judicial durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). La fiscalía, encabezada por Roberto Ginsberg junto al ayudante fiscal Sergio Cúneo, considera que hubo irregularidades en la gestión del objeto secuestrado.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la ausencia de cadena de custodia, un procedimiento fundamental para garantizar la integridad de cualquier elemento incautado. Según fuentes judiciales, esta omisión habría facilitado la desaparición del objeto.
¿Por qué ocurren estos fallos?
El caso pone en evidencia una problemática que, aunque poco visible, no es aislada: las fallas en los sistemas de control interno dentro de las fuerzas de seguridad. La correcta administración de elementos secuestrados requiere protocolos estrictos, registros precisos y supervisión constante.
Cuando estos mecanismos fallan —ya sea por negligencia, desorganización o falta de recursos— se generan zonas grises que pueden derivar en pérdidas, irregularidades o incluso hechos de mayor gravedad.
En este contexto, la cadena de custodia no es un mero formalismo: es la herramienta que garantiza la transparencia del proceso y la confiabilidad de las pruebas en una investigación.
Antecedentes y casos similares
Situaciones similares han sido registradas en distintas provincias del país, donde la desaparición de objetos secuestrados —desde herramientas hasta vehículos— ha derivado en sumarios internos y causas judiciales.
En muchos de estos casos, las investigaciones revelaron fallas administrativas más que delitos intencionales, aunque el impacto institucional suele ser el mismo: pérdida de confianza pública y cuestionamientos sobre la gestión policial.
En San Juan, si bien no es frecuente que estos episodios tomen estado público, este caso adquiere relevancia precisamente por haber llegado a instancia judicial.
Impacto en la comunidad y la institución
Más allá del valor material de la amoladora, el hecho tiene un fuerte impacto simbólico. La ciudadanía espera que los elementos secuestrados estén resguardados bajo estrictas condiciones, especialmente cuando forman parte de posibles delitos.
Cuando esto no ocurre, se genera una percepción de debilidad institucional que puede afectar la confianza en las fuerzas de seguridad. Para los vecinos, la pregunta es inevitable: si no se puede garantizar el resguardo de un objeto, ¿qué ocurre con pruebas más sensibles?
Análisis: más que una herramienta perdida
Este caso trasciende lo anecdótico. No se trata únicamente de una herramienta extraviada, sino de un episodio que revela fisuras en los controles internos y en la aplicación de protocolos básicos.
La imputación del oficial marca una señal clara desde la Justicia: la responsabilidad administrativa dentro de las fuerzas de seguridad no es menor y puede tener consecuencias penales.
También deja abierta una discusión más amplia sobre la necesidad de modernizar los sistemas de registro y seguimiento de elementos secuestrados, incorporando tecnologías que reduzcan el margen de error humano.
Reflexión final y prevención
Mientras la investigación avanza y el destino de la amoladora sigue siendo un misterio, el caso deja una enseñanza concreta: la importancia de los procedimientos en cada eslabón del sistema de seguridad.
Para evitar situaciones similares, especialistas coinciden en reforzar la capacitación del personal, mejorar los sistemas de control y garantizar auditorías periódicas.
En definitiva, la transparencia y la rigurosidad en estos procesos no solo protegen la evidencia, sino que también sostienen la confianza de la sociedad en las instituciones.
