Escándalo energético en San Juan: investigan un fraude millonario con transformadores y conexiones clandestinas
Un caso que mezcla sospechas, tecnología y una millonaria pérdida económica sacude a la provincia de San Juan. La Justicia avanza en una investigación que pone bajo la lupa a un empresario extranjero y a un trabajador vinculado al sistema eléctrico, acusados de participar en una compleja maniobra que habría generado un perjuicio de $489.000.000 a la distribuidora Naturgy.
Una causa que comenzó con un hecho aparentemente aislado
Todo se desencadenó el pasado 25 de febrero, cuando se denunció la desaparición de un transformador en el departamento 25 de Mayo. Lo que en principio parecía un robo puntual terminó abriendo la puerta a una investigación mucho más amplia, que reveló un presunto sistema de extracción ilegal de energía eléctrica sostenido en el tiempo.
Según la acusación, el operario Enzo Sebastián Salinas, vinculado a una empresa subcontratista, habría tenido un rol clave en la maniobra. La hipótesis fiscal sostiene que utilizó su posición para retirar equipos de la red eléctrica y destinarlos a un uso particular, encubriendo inicialmente los movimientos para evitar sospechas.
Una finca en el centro de la polémica
El avance de la investigación llevó a los investigadores hasta una propiedad rural ubicada en Punta del Agua, donde se encontraron elementos que reforzaron la hipótesis delictiva. En el lugar, perteneciente al empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, se hallaron tres transformadores que habían sido denunciados como sustraídos entre 2023 y 2024.
Pero eso no fue todo. También se detectó un tendido eléctrico de más de 3.150 metros, con postes y cableado que, en parte, habrían sido retirados de la infraestructura pública. Este sistema estaba conectado de forma clandestina a la red de media tensión, permitiendo abastecer la finca sin ningún tipo de medición ni autorización.
El impacto económico y social del fraude
La magnitud del caso no solo se mide en cifras. El perjuicio estimado por Naturgy supera los $489 millones, un monto que refleja años de consumo eléctrico sin control ni pago.
Este tipo de prácticas no solo afectan a las empresas proveedoras, sino también a la comunidad en general. El robo de energía puede generar sobrecargas en la red, fallas en el servicio e incluso aumentos indirectos en las tarifas que terminan impactando en los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.
Las versiones enfrentadas
Durante la audiencia judicial, el empresario De Oliveira aseguró desconocer cualquier irregularidad. “Para mí estaba todo de diez”, expresó, insistiendo en que jamás pondría en riesgo su inversión y que fue sorprendido por los allanamientos.
Sin embargo, uno de los puntos que más dudas genera en la investigación es la falta de registro de consumo eléctrico en la finca, pese a que los equipos estaban en funcionamiento. Según trascendió, el propio empresario habría abonado importantes sumas de dinero por la instalación de los transformadores y el tendido, lo que ahora es interpretado como un posible indicio de conocimiento previo.
Decisiones judiciales y estado actual de la causa
El caso es llevado adelante por la fiscal Claudia Salica, con intervención del juez de garantías Federico Rodríguez. Mientras que Salinas continuará detenido por al menos 45 días, el empresario brasileño recuperó la libertad bajo condiciones, entre ellas la obligación de permanecer a disposición de la Justicia durante la investigación.
Además, se ordenó preservar toda la infraestructura encontrada en la finca hasta que finalicen las pericias, clave para determinar el origen de los materiales y el alcance real de la maniobra.
Un caso que expone fallas estructurales
Más allá de las responsabilidades individuales, la causa deja al descubierto posibles debilidades en los controles del sistema eléctrico. La facilidad con la que se habrían retirado equipos y montado una red paralela plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y prevención.
En un contexto donde el acceso a la energía es un recurso esencial, este tipo de hechos reabre el debate sobre la equidad en el consumo y la necesidad de fortalecer los controles para evitar abusos que terminan perjudicando a toda la sociedad.
Conclusión: una investigación con impacto más allá de lo judicial
El caso de los transformadores en San Juan no es solo un expediente judicial. Es un reflejo de cómo una maniobra irregular puede tener consecuencias económicas, sociales y estructurales. Mientras la Justicia avanza, la sociedad observa con atención un proceso que podría marcar un precedente en la lucha contra el fraude energético en la región.
