La investigación penal concluyó que no hubo delito, aunque el caso seguirá bajo revisión por posibles faltas éticas
Uno de los casos más comentados del ámbito judicial en San Juan sumó un nuevo capítulo. Tras casi un año de investigación, la Fiscalía de la UFI Delitos Especiales solicitó el sobreseimiento del juez Roberto Montilla, quien había sido acusado de intervenir en favor de un detenido con el que mantenía un vínculo personal.
La resolución judicial determinó que el magistrado no cometió un delito penal. Sin embargo, el episodio que generó fuerte repercusión pública y mediática seguirá siendo analizado por la Corte de Justicia de San Juan, que deberá determinar si existieron faltas éticas o administrativas en su comportamiento.
El origen del escándalo judicial que sacudió a San Juan
El caso se remonta al 6 de abril de 2025, cuando un hombre de 84 años fue detenido en el marco de una causa por estafa investigada bajo el sistema de Flagrancia. Lo que parecía un procedimiento habitual se transformó rápidamente en un conflicto institucional.
Según consta en el expediente judicial, el juez Roberto Montilla —quien llevaba menos de un mes en funciones tras asumir como juez de Garantías— realizó gestiones personales ante la Comisaría 4ª para interiorizarse sobre la situación del detenido.
Durante esas intervenciones, el magistrado se identificó ante los efectivos policiales como el "juez de turno" y cuestionó algunas decisiones adoptadas en el procedimiento. Incluso se presentó personalmente en la dependencia policial.
La situación generó sospechas cuando el propio Montilla reconoció ante funcionarios judiciales que el detenido era para él "como un tío", lo que despertó críticas y denuncias sobre un posible uso indebido de su cargo.
Por qué la Fiscalía pidió el sobreseimiento
El fiscal de la investigación, Iván Grassi, explicó que tras analizar pruebas, testimonios policiales, cámaras de seguridad y registros telefónicos, no se pudo comprobar que el juez haya emitido órdenes judiciales ilegales ni que haya intentado modificar formalmente la situación procesal del detenido.
En ese sentido, la Fiscalía concluyó que los hechos investigados no encuadran en figuras penales como usurpación de funciones o incumplimiento de deberes de funcionario público.
El pedido de sobreseimiento se fundamenta en el Artículo 356 inciso 2° de la Ley 1851-O, que establece que corresponde cerrar la causa cuando el hecho investigado no constituye delito.
Aun así, el fiscal remarcó que ciertas conductas del magistrado fueron impropias o llamativas, aunque no alcanzan el nivel de una infracción penal.
Un año marcado por polémicas y repercusión pública
La investigación generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político de la provincia. Durante el proceso se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban al magistrado ingresando a la comisaría fuera de su jurisdicción.
Además, el caso coincidió con otro expediente de alto perfil: Montilla era el juez de Garantías en la mega causa de fraude conocida como Robles Bonade. Tras las críticas y planteos de las partes, el magistrado decidió apartarse de ese proceso.
En medio del conflicto judicial, incluso llegó a presentar una denuncia contra el fiscal Grassi por presunto tráfico de influencias, aunque esa acusación fue finalmente rechazada tanto en la justicia provincial como federal.
La Corte de Justicia tendrá la última palabra
Aunque la causa penal podría cerrarse definitivamente con el sobreseimiento, el expediente todavía tendrá repercusiones institucionales.
La Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia de San Juan deberá evaluar si el comportamiento del magistrado violó las Reglas de Ética Judicial.
Entre los aspectos que serán analizados figuran el posible uso de su investidura para intervenir en un asunto personal, la presunta interferencia en un procedimiento que estaba bajo la órbita de otro juez y el tono utilizado durante sus intervenciones ante policías y funcionarios.
La decisión que adopte la Corte podría derivar en sanciones administrativas o disciplinarias. De esta manera, aunque el caso no constituya delito, el episodio podría tener consecuencias en la carrera institucional del juez.
Mientras tanto, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia en la que se formalizará el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía.
El caso Montilla se convirtió así en uno de los escándalos judiciales más comentados en San Juan durante el último año, y su desenlace institucional todavía está por definirse.
