Escándalo en San Juan: acusan a una mujer de estafar más de $12 millones con falsos cargos en la Justicia
Una historia que mezcla ambición, engaño y vulnerabilidad social sacude a San Juan. Una mujer de 30 años fue imputada por una serie de estafas que, según la investigación judicial, superan los $12 millones. El caso no solo expone una maniobra sofisticada de falsificación documental, sino también la desesperación de quienes buscan una oportunidad laboral en el sistema judicial.
Una promesa de trabajo que terminó en millonaria estafa
La protagonista del caso es Macarena Selene Cantero, oriunda del departamento Rawson, quien actualmente cumple detención domiciliaria. De acuerdo con la Fiscalía, la mujer habría construido un esquema de engaños basado en ofrecer supuestos cargos dentro del Poder Judicial, tanto en el ámbito provincial como federal.
Las víctimas, en su mayoría personas de su entorno o conocidas, eran convencidas de que podían acceder a puestos estables y bien remunerados. Para ello, debían realizar pagos iniciales que luego se incrementaban bajo distintos pretextos, como “ajustes salariales” o cambios en el escalafón.
Documentos falsos y firmas de alto nivel
Uno de los aspectos más llamativos de la causa es el nivel de detalle en la maniobra. Según los investigadores, Cantero entregaba archivos digitales con apariencia oficial, incluyendo supuestas resoluciones y “acordadas” con firmas falsificadas de figuras clave como Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, miembros de la Corte Suprema de la Nación.
Incluso se detectaron documentos con la firma apócrifa del juez federal Leopoldo Rago Gallo, lo que aportaba mayor credibilidad a la estafa y reforzaba la confianza de las víctimas.
Tres casos que revelan el alcance del fraude
La investigación judicial se centra, por ahora, en tres hechos principales. En uno de ellos, una mujer transfirió cerca de $7.000.000 tras ser convencida de que obtendría un puesto en la Justicia Federal. La comunicación incluía mensajes de un supuesto intermediario, que luego fue vinculado al entorno de la acusada.
Otra víctima entregó más de $4.500.000 luego de ver publicaciones en redes sociales donde Cantero se hacía pasar por profesional del derecho. En este caso, incluso se firmaron pagarés como garantía.
El tercer episodio involucra a una persona que transfirió más de $3.000.000. Cuando comenzaron las dudas y exigió la devolución del dinero, habría recibido amenazas.
El certificado falso que desencadenó la investigación
El punto de quiebre ocurrió cuando la acusada no se presentó a una audiencia judicial y justificó su ausencia con un certificado médico. El documento, supuestamente emitido por el odontólogo Santiago Molina, indicaba un reposo prolongado tras una cirugía.
Sin embargo, el profesional desmintió su autenticidad, asegurando que ni la firma ni el contenido correspondían a su autoría. Este hecho sumó el delito de falsificación de documento privado y aceleró el avance de la causa.
Impacto social: la vulnerabilidad detrás del engaño
Más allá de las cifras, el caso deja al descubierto una problemática de fondo: la necesidad de empleo y la confianza en instituciones como el Estado. Las víctimas no solo perdieron dinero, sino también expectativas laborales en un contexto económico complejo.
Expertos señalan que este tipo de estafas crece cuando se combinan la precariedad laboral y el acceso limitado a oportunidades formales, generando un terreno fértil para engaños cada vez más elaborados.
Situación judicial y lo que viene
El juez de Garantías Diego Sanz imputó a Cantero por defraudación por engaño en concurso con falsificación documental. Si bien se dictó una prisión preventiva de 7 meses, la misma se cumple bajo modalidad domiciliaria debido a que la acusada tiene un hijo pequeño y no registra antecedentes.
La investigación continuará durante al menos un año, mientras no se descarta la aparición de nuevas víctimas que amplíen el alcance del caso.
Una historia que deja lecciones
El caso de Macarena Selene Cantero no solo es un expediente judicial, sino también un reflejo de cómo la confianza, la necesidad y la falta de controles pueden derivar en situaciones de alto impacto social. La Justicia ahora deberá determinar responsabilidades, mientras la comunidad observa con atención el desenlace de una historia que aún podría revelar nuevas aristas.
