Apremios ilegales, amenazas y actas modificadas: el caso que sacude a la Policía
RAWSON, SAN JUAN – Marzo de 2026. Una causa por presuntos apremios ilegales y violencia policial volvió a sacudir a la Justicia provincial luego de que dos efectivos de la Motorizada N°2 acusaran a su propio compañero de haber golpeado brutalmente a un joven con discapacidad y de presionarlos para que cambiaran el acta del procedimiento.
El episodio, ocurrido en agosto de 2024, investiga un posible caso de abuso policial en Argentina que ahora sumó nuevos delitos y una fuerte interna entre los propios policías acusados.
Un caso de violencia policial que se transformó en un conflicto entre compañeros
Los cabos Leandro Emanuel Paredes y Fernando Antonio Aballay declararon ante la jueza de Garantías Ana Carolina Parra y apuntaron directamente contra su colega, el cabo Diego Antonio Díaz Sanz, a quien señalaron como el responsable de la agresión contra la presunta víctima.
Según relató Paredes en la audiencia judicial, Díaz habría sido quien le propinó una violenta patada en el rostro al joven.
"El primero que llega y le da un puntapié en el rostro es Díaz", afirmó el uniformado ante la magistrada, generando un clima de máxima tensión en Tribunales.
El testimonio también incluyó acusaciones de presiones internas. Paredes sostuvo que su compañero le habría entregado un arma blanca para hacer creer que pertenecía al joven detenido y justificar el procedimiento.
La víctima: un joven con discapacidad confundido con un ladrón
Con el avance de la investigación se conoció un dato que generó indignación: la persona detenida era un joven con retraso madurativo, que habría sido confundido con un ladrón.
Incluso, la bicicleta que motivó la intervención policial no era robada. Según trascendió en la causa, el muchacho la había ganado en un sorteo realizado por el Día del Niño.
Tras el incidente, el joven fue trasladado desde el Barrio La Estación a un centro de salud debido a las heridas que presentaba y porque no dejaba de sangrar.
Denuncias de amenazas para modificar el acta policial
Paredes aseguró además que Díaz lo contactó posteriormente para que modificara el acta del procedimiento.
"Me apuraba para cambiar el acta. Me dijo que si no denunciaba al chico iba a cometer otro delito", declaró el policía.
Por su parte, Aballay coincidió con esa versión y afirmó que su compañero le había confesado haber golpeado al joven.
El agente también expresó temor por posibles represalias dentro de la fuerza policial, lo que suma otro elemento de gravedad a este presunto caso de brutalidad policial.
La defensa del policía acusado
Sin embargo, Díaz negó categóricamente haber sido el agresor. Durante su declaración aseguró que cuando llegó al lugar el joven ya estaba reducido y que las lesiones podrían haber sido provocadas por vecinos que intentaban lincharlo.
El uniformado incluso sostuvo que una mujer presente en el lugar lo golpeó con una manguera mientras él intentaba controlar la situación.
Además, denunció que su firma habría sido falsificada en el acta policial y solicitó la intervención de un perito caligráfico para demostrarlo.
La fiscalía agravó la acusación
A pesar de las versiones cruzadas entre los tres imputados, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese decidieron mantener la acusación contra todos los efectivos.
Además de apremios ilegales y lesiones, la fiscalía sumó nuevos delitos como:
- Falsedad ideológica
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
- Irregularidades en actas policiales
También solicitaron extender la Investigación Penal Preparatoria por seis meses, mientras continúan reuniendo pruebas en un expediente que podría convertirse en uno de los casos más resonantes de violencia institucional en San Juan.
Una causa con clima de novela judicial
La audiencia estuvo marcada por una fuerte tensión. Cada policía declaró por separado en distintas salas para evitar interferencias en los testimonios.
Las versiones contradictorias, las acusaciones cruzadas y las sospechas de manipulación de documentos dejaron un escenario complejo que ahora deberá resolver la Justicia.
Mientras tanto, la familia del joven espera que se esclarezca lo ocurrido en un caso que reavivó el debate sobre abuso policial, violencia institucional y controles dentro de las fuerzas de seguridad.
