Indignación en San Juan: apuntan a la gestión de Sergio Uñac por el escándalo del Acueducto Gran Tulum
Un informe técnico oficial desató un fuerte clima de indignación en San Juan y volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad política detrás de una de las obras más costosas de la provincia. Las conclusiones son alarmantes: las cañerías instaladas en el Acueducto Gran Tulum no serían aptas para transportar agua potable, lo que expone posibles fallas graves en los controles durante la gestión del ex gobernador Sergio Uñac.
Un informe que sacude a la política sanjuanina
El estudio, encargado por OSSE y elaborado por la consultora Interacción con certificación de Bureau Veritas, determinó que las tuberías instaladas corresponden a sistemas de cloacas y desagües, no a redes de agua potable. Además, advierte que los materiales podrían ser potencialmente tóxicos para el consumo humano.
La gravedad del hallazgo no solo impacta desde lo técnico, sino también desde lo político: ¿cómo pudo avanzar una obra de esta magnitud sin controles efectivos? La pregunta apunta directamente a quienes tenían la responsabilidad de supervisar y aprobar cada etapa del proyecto.
La gestión de Uñac bajo la lupa
Gran parte de las adjudicaciones clave del proyecto se concretaron durante el gobierno de Sergio Uñac, período en el que la empresa Krah fue beneficiada con contratos millonarios para la provisión de cañerías, superando los 1.300 millones de pesos.
Ya en ese momento existían advertencias técnicas sobre el carácter “experimental” de los materiales utilizados y cuestionamientos por parte de otras empresas competidoras. Sin embargo, la obra avanzó sin que esas alertas detuvieran el proceso.
Hoy, con los resultados sobre la mesa, la crítica es inevitable: la falta de controles adecuados durante esa gestión podría haber derivado en un daño millonario al Estado y un riesgo sanitario para la población.
Una obra pensada para la gente, convertida en preocupación
El Acueducto Gran Tulum fue presentado como una solución estructural para garantizar el acceso al agua potable a cerca de un millón de habitantes. Financiado con un crédito internacional de 100 millones de dólares, el proyecto implicaba una apuesta estratégica para el desarrollo de la provincia.
Sin embargo, lo que debía ser un símbolo de progreso hoy genera incertidumbre, enojo y desconfianza. La posibilidad de que las cañerías deban ser retiradas no solo implica un costo económico enorme, sino también un retroceso en materia de infraestructura básica.
Investigación judicial y posibles responsabilidades
La causa ya está en manos del Ministerio Público Fiscal, donde se investigan posibles delitos como malversación de fondos públicos e irregularidades en la licitación. La documentación aportada supera las 100 cajas de pruebas y no se descartan medidas como allanamientos o nuevas imputaciones.
Además, se espera el análisis del INTI, que podría confirmar técnicamente lo expuesto en el informe inicial. De ser así, el escenario sería crítico: obra paralizada, fondos ya comprometidos y la necesidad de reinvertir en materiales adecuados.
El costo de la falta de control
Más allá de los nombres propios, el caso expone una problemática estructural: la debilidad en los mecanismos de control de la obra pública. Pero en este contexto, las decisiones tomadas durante la gestión de Sergio Uñac quedan inevitablemente bajo cuestionamiento.
La ciudadanía exige respuestas claras: ¿quién autorizó el uso de estos materiales?, ¿qué controles se realizaron?, ¿por qué no se actuó ante las advertencias previas?
Una deuda que trasciende lo económico
El escándalo del Acueducto Gran Tulum no es solo un problema técnico o financiero. Es, sobre todo, un caso que golpea la confianza pública. Mientras la provincia continúa pagando un crédito millonario, crece la sensación de que los errores —o negligencias— de la dirigencia terminan siendo pagados por la sociedad.
En un contexto donde el acceso al agua es un derecho básico, la situación plantea una reflexión urgente: la responsabilidad política no puede diluirse cuando están en juego recursos públicos y la salud de la población.
