El caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa vuelve a ocupar el centro de la escena judicial y mediática. En las últimas horas se conoció que la defensa de Lucas Pertossi presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la nulidad de la condena que lo sentenció a 15 años de prisión como partícipe necesario del crimen.
La solicitud fue realizada por la Defensoría ante el máximo tribunal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazara el recurso extraordinario federal interpuesto previamente por su defensa. El planteo abre un nuevo capítulo judicial en una causa que conmocionó al país y que sigue generando debate público.
Un caso que marcó a la sociedad argentina
El asesinato ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuando Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de jóvenes. La brutal golpiza terminó con su muerte y generó una ola de indignación social sin precedentes.
Tras el juicio llevado adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, ocho acusados fueron condenados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía. Los otros tres, entre ellos Lucas Pertossi, fueron sentenciados a 15 años de prisión por considerarlos partícipes necesarios.
Desde entonces, la causa atravesó distintas instancias judiciales, incluyendo revisiones y recursos extraordinarios, sin que hasta ahora se modificaran las condenas.
El planteo ante la Corte Suprema
El nuevo recurso fue presentado bajo la modalidad “in pauperis” por el abogado Ignacio Nolfi, quien cuestionó la decisión de la justicia bonaerense de no habilitar la revisión federal del fallo.
En el escrito, la defensa solicita que se anule la sentencia dictada contra Lucas Pertossi y que se disponga la realización de un nuevo debate oral y público. Según el planteo, durante el juicio se habría vulnerado el derecho de defensa del imputado.
Uno de los ejes centrales del recurso sostiene que existieron “intereses contrapuestos” entre los acusados y que todos contaron con un patrocinio técnico común, lo que —según la defensa— habría afectado la estrategia individual de cada uno. Para los abogados, esta situación habría impedido una defensa diferenciada y autónoma para Pertossi.
Cuestionamientos al proceso y a la valoración de pruebas
Además del argumento vinculado al derecho de defensa, el escrito presentado ante la Corte plantea supuestas irregularidades desde la etapa de instrucción. Entre los puntos señalados se mencionan:
- Presunta imprecisión en la descripción del hecho atribuido a Lucas Pertossi.
- Supuestas inconsistencias en testimonios iniciales.
- Alegadas incoherencias en el razonamiento de los magistrados.
- Señalamientos sobre la construcción del relato de los acontecimientos.
La defensa sostiene que la participación de Lucas Pertossi habría sido diferente a la de los otros imputados condenados como coautores. Según este planteo, el tribunal no habría individualizado correctamente su rol específico dentro del ataque.
Cabe recordar que la condena de 15 años se basó en la figura de partícipe necesario, una categoría penal que implica colaboración esencial en el hecho, aunque sin la autoría directa del homicidio.
Las condenas que siguen firmes
En el fallo original, cinco acusados recibieron prisión perpetua por homicidio doblemente agravado. Entre ellos se encuentran Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi.
En tanto, Lucas Pertossi fue condenado junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz a 15 años de prisión por su participación considerada secundaria pero necesaria en el crimen.
Hasta el momento, ninguna de estas condenas fue revocada. El planteo actual apunta exclusivamente a la situación de Lucas Pertossi, aunque cualquier decisión de la Corte podría tener impacto jurídico en el análisis general del caso.
¿Qué puede pasar ahora?
La intervención de la Corte Suprema no implica automáticamente que se revise la condena. El máximo tribunal primero debe decidir si admite el recurso y considera que existen cuestiones federales suficientes para analizar el caso.
Si la Corte rechazara el planteo, la condena quedaría firme en los términos actuales. En cambio, si aceptara revisar la sentencia y eventualmente hiciera lugar al pedido de nulidad, podría ordenar un nuevo juicio o disponer que otra instancia vuelva a analizar determinados aspectos del proceso.
Se trata de un camino judicial complejo y de plazos inciertos, pero que mantiene viva una causa que sigue generando conmoción y debate público.
Un caso que sigue generando repercusiones
A más de seis años del crimen, el asesinato de Fernando Báez Sosa continúa siendo uno de los hechos más impactantes de la historia judicial reciente en Argentina. La brutalidad del ataque, la edad de la víctima y la exposición mediática del proceso convirtieron el juicio en un símbolo de reclamo social contra la violencia.
El nuevo pedido de nulidad reabre interrogantes jurídicos y vuelve a poner el foco en la actuación de la justicia, la garantía del debido proceso y el derecho a una defensa individual adecuada.
Mientras la familia de Fernando sostiene su reclamo de justicia y las condenas siguen vigentes, el máximo tribunal tiene ahora la responsabilidad de decidir si interviene o no en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años.
